Carlos Quintero J.
"A mí nadie me puede decir que recibí un peso. La gente que
habla lo hace porque puede hacerlo", respondió el juez Isidoro Eddie Sandoval
Lome al abogado, Jesús García Aguilar.
El discurso usado por el litigante para evitar que el Presidente Municipal de
Cuernavaca Antonio Villalobos Adán, su cliente, fuera separado temporalmente
del cargo encendió los ánimos del juez.
"Sea objetivo, no se ande confiando con lo que publican algunos medios falaces
sobre cuestiones de este juzgador" respondió con un gesto simple de barrido de
ojos, al postulante-.
Y es que Jesús García pidió congruencia a Eddie Sandoval al recordarle un caso
similar que había conocido, de la ex oficial del Registro Civil Uno de
Cuernavaca, Nuvia Castañeda.
Según García Aguilar el juez aplicó el criterio de no inhabilitar a Nuvia
Castañeda de su cargo, pero el litigante estaba desinformado. Fue
contraproducente porque evidenció su falta de profesionalismo.
Por eso Sandoval Lome despotricó contra él y aprovechó el momento para hablar
también sobre la información difundida en redes sociales.
Muy probablemente, el juez recordó un video en Facebook que cuestionó la honestidad del juzgador. Decían que había recibido un soborno de 4 millones de pesos para resolver a favor del alcalde capitalino.
"Yo la separé del cargo pero fue reinstalada por el hecho de que no resultó vinculada a proceso penal. El caso del Presidente Municipal es muy diferente", dijo el juzgador.
El Juez explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el Presidente Municipal sólo puede ser separado del cargo en caso
de ser vinculado a proceso penal.
Pero el trastabille argumentativo del abogado, comenzó desde la apertura de la audiencia celebrada el mediodía de ese viernes 27 de noviembre en la Sala 3 del Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de Atlacholoaya.
Muy en su papel, Jesús García llegó sobrado y resuelto a la audiencia de formulación
de imputación, con su equipo de trabajo. Mientras su cliente, Antonio
Villalobos entró a hurtadillas por el estacionamiento del juzgado.
La encargada de Sala inició la diligencia a las 12:10 horas, pero antes de que
Kenia Edrey Cortes Gómez, fiscal del caso, expusiera la formulación de
imputación, el abogado defensor interrumpió para plantear “incidentes”.
Lo secundo Eduardo Rojas Reséndiz, abogado defensor del subdirector de
Protección Civil, Gonzalo Alberto Barquín Granados, también coimputado en el
proceso penal.
El juez los miró incrédulo y concedió la palabra. Primero a Jesús García, quien
argumento que el Presidente Municipal tenía fuero constitucional y no tenía por
qué ser juzgado. La audiencia debía de suspenderse.
También habló que existía un amparo, desechado pero al fin y al cabo había un
recurso de revisión. Refirió algunos datos de prueba que en su opinión el juez
debería anular.
El juzgador lo interrumpió y le dijo no era el momento oportuno.
Por su parte, Eduardo Rojas se quejó de que la fiscal no le
permitió conocer todos antecedentes del caso, hacían falta por cotejar más de
un centenar de fojas, de imágenes, audios…
El juez también lo acotó y estuvo a punto de separarlo de la defensa por falta
de conocimiento en las técnicas de litigación. Según el juez pudo haber
promovido recursos para solventar ese conflicto.
Eddie Sandoval resolvió:
"Ustedes quieren retardar esta audiencia de manera injustificada con argumentos
dilatorios, ociosos y sin fundamento".
Finalmente, la Fiscal del caso, Kenia Edrey Cortés formuló la imputación contra
los dos servidores públicos por el delito de Cohecho.
Al cabo del mismo, Antonio Villalobos y Gonzalo Barquín no quisieron ejercer su
derecho a declarar. Después escucharon más de 40 datos de prueba en su contra y
pidieron un plazo de 144 horas para su audiencia de vinculación a proceso.
Vino entonces la solicitud de la fiscal Cortés Gómez para la
imposición de las medidas cautelares, y el juez decretó un tercer receso porque
debía atender otra audiencia de juicio oral que se le había juntado.
Había trascurrido más de cuatro horas de audiencia.
Tanto personas del público como de las partes en conflicto salieron un momento
de la Sala. Fue en el pasillo cuando la mirada de Antonio Villalobos confrontó
a Cristian Contreras Luna, la víctima.
El alcalde salía de la sala y Cristian Contreras hablaba con este reportero.
Ambas miradas se cruzaron, Cristian y Antonio mantuvieron la vista, no hubo
ninguna palabra sólo un profundo resentimiento.
Al cabo de 30 minutos, se reanudó la audiencia y la Fiscal presentó un informe
al juzgador que daba cuenta del riesgo en que se encontraba Cristian y José
Alberto, su hermano, por denunciar a los servidores públicos.
El 23 de noviembre, un policía identificado con el apellido de Guzmán, escolta
de Gonzalo Barquín, amenazó de muerte a Cristian cuando éste acudió a realizar
un trámite a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.
Aunado a lo anterior, Kenia Edrey Gómez argumentó que existían otras nueve
denuncias contra los servidores públicos imputados por los mismos delitos. "No
han sido judicializados por temor de las víctimas a represalias", explicó.
Por esos motivos, la Fiscalía Anticorrupción pedía la medida extrema de prisión
preventiva en contra de Villalobos Adán y Barquín Granados.
Los abogados defensores pidieron que se negara la petición de la autoridad
ministerial porque para ellos carecía de credibilidad esa versión. El abogado
Jesús Aguilar dijo que un Juez de Distrito había concedido un amparo al
Alcalde.
El recurso era en el sentido de que el juez no podía aplicar la medida cautelar
de prisión preventiva porque de hacerlo estaría cometiendo un delito.
Fue entonces que el juzgador resolvió primero el caso de Barquín Granados,
quien palideció en el momento que ordenaron su arresto para ser trasladado al
Centro de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya.
Su abogado pidió que estuviera en el área de sujetos a protección debido a su
antecedente de policía podría ser víctima de una agresión. Ahora se encuentra
en el Dormitorio 13, refieren fuentes consultadas.
Antonio Villalobos corrió con suerte. La resolución debió de haber sido en el
mismo sentido pero iba amparado en contra de esa medida cautelar.
Pero la salida de Antonio Villalobos Adán como Presidente Municipal de
Cuernavaca puede ser tan súbita como su llegada. El próximo martes 1 de
diciembre se definirá su situación jurídica.
Ese día se conocerá si es o no vinculado a proceso penal. Ante la posibilidad
de ser sujeto a proceso penal, la Fiscalía Anticorrupción puede pedir la
inhabilitación temporal de su cargo, algo sin precedente en los últimos tiempos
en Morelos.
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