Carlos Quintero J.
Katie Lorena Becerra Arroyo, Juez de Primera Instancia, negó
sustituir la medida cautelar de prisión preventiva al subsecretario de
Protección Civil de Cuernavaca, Gonzalo Alberto Barquín Granados, imputado por
el delito de cohecho.
Desde el pasado mes de diciembre, Barquín Granados está
privado de su libertad el centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, tras
ser vinculado a proceso penal junto con el alcalde de Cuernavaca, Antonio
Villalobos Adán.
En la audiencia celebrada la mañana del miércoles 13 de
enero, el abogado defensor del servidor público, Javier Valle pidió a la juez
el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por una garantía económica.
Para sustentar su petición, el litigante ofreció un
escrito firmado por el Secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Armando
Nava Sánchez, y el cual informa que Gonzalo Barquín nunca ha contado con
guardaespalda.
Lo anterior para desacreditar la versión de la víctima,
Cristian Luna Contreras, quien en la audiencia inicial dijo al juez, Eddie
Sandoval que había recibido amenazas de muerte del guardaespalda del
subsecretario de Protección Civil.
El escolta, identificado con el apellido de Guzmán,
amenazó a la víctima para que dejara de meterse con sus jefes: el subsecretario
de Protección Civil y el alcalde de Cuernavaca.
En opinión de la defensa ese documento era suficiente para
acreditar que la amenaza no era real y por ese motivo debería de cambiar la
medida cautelar.
Javier Valle también dijo que la salud de su cliente está
en riesgo por eso ofreció la declaración de la médico, Verónica Gomar Paredes
para sustentar su dicho. Declaración que nunca fue desahogada.
Para el abogado defensor, existe el riesgo de que el
estado de salud de Gonzalo Barquín se agrave en prisión, incluso puede contraer
el Coronavirus por ese motivo solicitó sustituir esa medida por un depósito
económico.
Al respecto, la Fiscal Anticorrupción, Kenya Edrey Cortes
Gómez se opuso al cambio de dicha medida pues, la misma fue impuesta por el
Juez, Eddie Sandoval para garantizar la protección de la víctima.
No sólo por la amenaza recibida por el guardaespalda, de
apellido Guzmán, sino porque prevalecen otras circunstancias y el riesgo latente
contra la persona víctima. Además las condiciones del proceso no han variado.
Por su parte, el asesor jurídico, Juan Manuel Cuellar
Miranda argumento que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el
derecho a la salud de las personas en reclusión y desde su punto de vista, el
riesgo de contraer el Coronavirus es para todas las personas.
A este tema, la Fiscal Anticorrupción destacó que
solicito a la autoridad penitenciaria: un informe y una atención permanente
sobre el estado de salud de Barquín Granados.
Una vez que la Juez escuchó los argumentos dio la razón
al Ministerio Público y al Asesor Jurídico. Negó la sustitución de la prisión
sin condena por el pago de una fianza.
Lorena Becerra destacó que ella no tenía la facultad para
anular la resolución de un juez de su mismo nivel, por lo que pidió a la
defensa hacer uso de los recursos jurídicos en otra instancia.
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