Un juez de ejecución calificó de inadecuada la sanción,
de 11 días de aislamiento en una celda de castigo, que la autoridad
penitenciaria impuso a Gisela G. O., una mujer privada de libertad, por
encontrarle en posesión de un teléfono celular.
Pero no es el único caso, Esperanza E. P., otra mujer
privada de liberta, denunció que desde hace dos semanas, la autoridad
penitenciaria no les permite realizar llamadas a sus propios familiares y se
encuentran incomunicados.
En las audiencias del pasado viernes, ambas mujeres
expusieron su versión, ante los jueces Gabriela Acosta Ortega y Daniel Adán
Rodríguez Apac, sobre lo que pasa en el área femenil del Centro de Reinserción
Social (Cereso) Morelos.
Esperanza E. P. dijo que desde mayo del presente año, no
ha recibido atención médica adecuada y le han negado el medicamento, aunado a
que tan poco tiene un defensor de oficio asignado para que dé seguimiento a su
caso.
En respuesta, la autoridad penitenciaria, en voz de
Marisol Solís Rivera, justificó que se encontraban a la espera de una cita y en
los próximos días será atendida por un médico especialista.
Tras un debate entre las partes en conflicto, la juez
Gabriela Acosta ordenó a la autoridad penitenciaria rendir un informe de
seguimiento sobre algunos de los temas expuestos por la mujer interna.
En la segunda audiencia, la defensa de Gisela G. O. expuso
al Juez Daniel Adán Rodríguez que el 30 de julio, ella había sido sorprendida
en poder de un teléfono celular y por ese motivo fue llevada ante el Comité
Técnico.
La autoridad penitenciaria le impuso un castigo de 11 días de aislamiento en una celda de castigo
y la suspensión de dos días de visita familiar, sanciones que en opinión de la
defensa era excesiva.
Al respecto, Solís Rivera argumentó que el aparato bien
puede utilizarse para actividades ilícitas como es la extorsión.
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