Carlos Quintero J.
Sin respetar el principio de máxima publicidad, el Juez David
Ricardo Ponce González vinculó a proceso penal, la noche del martes, a 57
personas imputadas por secuestro e implicadas en la toma de casetas de cobro de
la autopista México-Acapulco.
A través de un comunicado de prensa, el Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) del Estado informó que Ricardo Ponce ordenó mantener la
medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para
el cierre de la investigación.
Así mismo, dio a conocer que la audiencia concluyó cerca
de la media noche y se desahogó en medio de medidas de seguridad e higiene. Bajo
ese argumento el Tribunal no permitió el ingreso de periodistas a la Sala de
Plenos del TSJ.
Personalmente se solicitó al área de comunicación social
del Poder Judicial, autorización para cubrir la audiencia pero fue negada, lo
que violó el principio de máxima publicidad, uno de los elementos que rigen al
sistema de justicia penal.
El Poder Judicial no se pronunció siquiera por habilitar
una sala alterna con un monitor para verificar la actuación transparente del
juzgador y escuchar el criterio y argumentos con que resuelve la situación jurídica
de 57 personas imputadas por secuestro agravado.
Como se recordara el hecho en donde las personas fueron
detenidas, ocurrió la mañana del martes 20 de octubre. La Fiscalía Antisecuestro
sostiene que ellos mantenían tomada la plaza de cobro 184, Francisco Velasco
Durán, también conocida como “Alpuyeca” desde el pasado 05 de octubre.
Sin embargo no se conoce que acción desplegó cada una de
las 57 personas y por ende el grado de su responsabilidad para ser sometidas a
proceso.
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