Griselda Flores
Una Jueza de
Control de Garantías del Primer Distrito Judicial, dicto auto de vinculación a proceso penal, por el delito
de peculado, en contra de la exdiputada local, Hortensia Figueroa Peralta.
La Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción (FECC), imputó a Hortensia Figueroa, la distracción de más de
23 millones 760 mil pesos de las cuotas obrero patronales del Instituto de
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno.
Hortensia Figueroa, presuntamente distrajo la cantidad de
más de 9 millones de pesos a beneficio propio, así como de terceras personas,
entre ellos, compañeros ex congresistas de la pasada Legislatura, confirmó en un comunicado de prensa la Fiscalía.
Aunado a lo anterior, durante los últimos días de la LIII
Legislatura, resalto que la persona imputada se expidió varios cheques a su
favor por la cantidad de 2 millones 70 mil pesos, según la representación social.
Tras escuchar la imputación en su contra, Hortensia
Figueroa solicitó a la jueza ejercer su derecho a declarar pero tomando como referencia algunos apuntes personales pero la jueza negó que lo hiciera e esa manera.
Ante esta situación, Hortensia Figueroa decidió
reservarse su derecho a declarar y guardó silencio, posteriormente al ser
consultada para resolver su situación jurídica pidió que en ese momento se
llevara a cabo la vinculación a proceso.
Para sustentar su imputación, la Fiscalía Anticorrupción
presento más de 70 elementos de prueba, entre documentos, declaraciones de
testigos y peritajes, que ofreció como parte de la carpeta de investigación.
Tras escuchar los antecedentes, la exdiputada solicitó de
nueva cuenta rendir su declaración pero sólo dio un argumento jurídico como medio de defensa para no ser vinculada a proceso penal.
Tras escuchar a las partes del conflicto, la juzgadora
resolvió que existían elementos de prueba suficientes para establecer la probable participación en el hecho que se le imputó a Figueroa Peralta.
La juzgadora, Teresa Soto Martínez impusó a Hortensia
Figueroa, las medidas cautelares de: no salir del país, no acercarse a las
víctimas, ni testigos, ni a las instalaciones del Instituto de Crédito ni del
Congreso del Estado de Morelos.
Además de una supervisión periódica que deberá de
cumplir, al acudir la última semana de cada mes, mientras dura su proceso, a la
firma ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos.
La juzgadora concedió a las partes tres meses de plazo de
investigación para recabar más información y llevar a juicio a la exservidora
pública.
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