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| La jueza excluyó pruebas que exhibían violaciones a derechos humanos |
Carlos Quintero
Impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en que se hallan las personas privadas de su libertad es un aspecto que la jueza Teresa Soto Martínez no tomó en cuenta al resolver la queja que una persona interna presentó por actos de tortura, tratos crueles e inhumanos.
Se trata del caso de Antonio D. V. una persona privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, quien la madrugada del 25 de junio de 2019, al encontrarse en su celda del Dormitorio 8, fue sacada por un grupo de custodios y trasladado hasta la azotea de uno de los edificios del penal.
“Me quitaron mi camisa, me la desgarraron y me pusieron al borde del techo. Me dijeron que la señora Mireles lo tenía todo arreglado. Iban a decir que me iba a fugar” declaró Antonio D. V. ante la jueza, Teresa Soto en la audiencia que se celebró la mañana del lunes 12 de agosto, en el Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Distrito Judicial.
Esa mañana, poco antes de las 11:00 horas, Antonio D. V. fue conducido a la Sala Dos, esposado de manos y pies. Los custodios que lo escoltaban sólo le quitaron los grilletes de una de las muñecas y así permaneció, parcialmente esposado, hasta que la auxiliar de la juez le hizo saber de está situación a la juzgadora.
Al momento en que se dirigió al banquillo de los testigos, a rendir su declaración sobre la tortura que sufrió a manos de custodios, la persona interna fue despojada de las cadenas que arrastraban de sus pies. Este hecho fue algo que evidenció la falta de criterio de la juzgadora para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Los otros aspectos fueron que la juzgadora no aceptó la declaración de la esposa de Antonio D. V., Flor Georgina E. S., ni tan poco las fotografías que quizó presentar y que mostraban los golpes que esa noche recibió en su cuerpo. Además de otros antecedentes que pudieron haber servido de elementos de prueba para robustecer su criterio.
La juzgado hizo caso omiso al hostigamiento y amenazas que Antonio D. V. denunció en contra de su familia y él, por parte de las autoridades penitenciarias que encabeza el coordinador de Reinserción Social, Jorge de León Bórquez y Miriam Mireles Toledo, directora general de Centros Penitenciarios.
La jueza sólo resolvió con base en el parte informativo que rindió la autoridad penitenciaria y sólo reconoció que la persona interna sí fue golpeado pero a consecuencia de la fuerza que utilizaron para someterlo pero fue necesaria para salvaguardar la seguridad del penal.
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