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Carlos Quintero J.
A una semana del motín ocurrido en el Centro Estatal de
Reinserción Social (CERESO) “Morelos”, en donde siete personas privadas de la
libertad fueron asesinadas, el autogobierno, al parecer encabezado por el grupo criminal de “Los Rojos”, asumió el control pleno en el penal.
Contrario al discurso oficial del Gobierno de Cuauhtémoc
Blanco Bravo, que afirma que el Estado mantiene el control y la seguridad en el
centro penitenciario, eso es totalmente falso dicen familiares
de personas privadas de la libertad.
Las fuentes confiables narran que el lunes 4 de noviembre,
un grupo de personas privadas de la libertad sostuvieron un cónclave “en el
dormitorio 10 del área de sentenciados” para crear la “Comisión” de internos e imponer el autogobierno en Atlacholoaya.
Según la versión, se trata de diez personas privadas de
la libertad que son identificadas con los nombres y sobrenombres de: Gabriel B.
P., alias “El Chicles”; Miguel Ángel B. R., alias “El Chisto”; Agustín M. C.,
alias “Pitus”; Marco Gerardo N., alias “La Kika” y José Luis G. N., “El Cabra”.
De acuerdo con información recabada, Miguel Ángel B. R.
ingresó al penal el 3 de marzo de 2013 por el delito de homicidio calificado.
Tras ser sometido a un juicio, el 8 de enero de 2014, fue sentenciado a 53 años
y tres meses de prisión.
Gabriel B. P ingresó el 12 de julio de 2016 por el delito
de extorsión agravada. El 28 de septiembre de 2016 fue condenado a 15 años de
prisión. Agustín M. C. fue llevado a juicio por secuestro, el 5 de octubre de
2016, y sentenciado a 50 años de prisión, el 6 de noviembre de 2016.
Marco Gerardo “N” fue detenido el 1 de agosto de 2019 e
imputado por el delito de feminicidio, en un hecho ocurrido el 11 de mayo de
2017. El miércoles 7 de agosto del presente fue vinculado a proceso penal y el
juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
Según una versión, “La Comisión” del autogobierno amenazó
a personas privadas de su libertad para que no difundan fotografías ni videos de
lo que ocurre al interior de la prisión o de lo contrario está en riesgo su
integridad física.
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