A quien corresponda:
Mi nombre es Carlos Quintero Juan, tengo 47 años de edad
y soy periodista judicial independiente desde hace más de 19 años en el estado
de Morelos.
Soy integrante del proyecto colectivo de investigación
periodística “El país de las dos mil fosas”, ganador del Premio Nacional de
Periodismo Breach-Valdez 2019 y el Premio Gabo 2019 en Iberoamérica.
En el año 2015, fui becario del Diplomado de Periodismo
Judicial del programa de “Prensa y Democracia” (PRENDE) que promueve la
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Entre las investigaciones que he realizado se encuentra
la historia: “Los dos entierros de Oliver” que reveló la inhumación ilegal de
119 cuerpos desconocidos, que realizó la Fiscalía General de Justicia de
Morelos, en un panteón irregular en el poblado de Tetelcingo en Cuautla,
Morelos.
ANTECEDENTES
Bajo protesta de decir verdad quiero denunciar, que
derivado de mi actividad periodística, soy actualmente víctima de una
persecución judicial del Gobierno del Estado de Morelos.
La acción es encabeza por Adriana Pineda Fernández,
Fiscal Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión, adscrita a la
Fiscalía General de Morelos.
Adriana Pineda Fernández promueve una denuncia en mi
contra, por el supuesto delito de Uso Indebido de Medios de Comunicación y lo
que resulte, misma que no han judicializado.
La denuncia pretende ser presentada en los próximos días por
la Comisión Estatal de Seguridad Pública ante la Fiscalía General de Justicia
de Morelos.
Esa “denuncia” se vincula a la cobertura periodística que
he realizado en los últimos meses, sobre el conflicto en las prisiones del
estado y los homicidios de 10 personas privadas de su libertad y más de 15
personas heridas.
Desde el pasado 22 de mayo del presente año, he
documentado y seguido el conflicto en las prisiones de Morelos, en donde han
ocurrido al menos cuatro motines desde el pasado mes de mayo a la fecha.
Mientras, en el muro de Facebook: https://www.facebook.com/carlos.quintero.juan, he
compartido información proporcionada por familiares de personas privadas de la
libertad, agentes custodios, empleados administrativos, servidores públicos
(quienes bajo la reserva de su identidad) reportan lo que ocurre en los
penales.
Lo anterior porque las autoridades penitenciarias son
omisas, no escuchan ni atienden los conflictos que prevalecen en los centros
penitenciarios del estado, incluso, de acuerdo con una investigación
periodística, se hallan implicadas en actos de corrupción.
El primer reporte lo hice el 29 de octubre de 2019, a las
11:36 horas, cuando informe por vez primera:
“#AlMomento de acuerdo con familiares de personas
internas del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, se registra un
motín en Atlacholoaya”.
Ese día, se buscó una entrevista con el Coordinador de
Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Bórquez, quien respondió a un
reportero a través de mensajes por whatsapp, y dijo que la información era una “MENTIRA”.
Pero horas después, fue desmentido pues el mismo
conflicto rebasó su capacidad y una persona privada de la libertad fue
asesinada.
Así salió a la luz pública el conflicto y en los
siguientes días se suscitaron otros dos motines, hechos que las propias
personas internas del penal alertaron antes de que ocurriera y yo replique
porque no había, ni hay hasta la fecha, una solución a la problemática.
HECHOS
Ahora, el Gobierno del Estado tergiversa esa información
y pretende imputar la comisión de un delito a mi persona, en lugar de
investigar a los servidores públicos que tienen una responsabilidad en el conflicto
y esclarecer los homicidios de las personas internas.
A través de Adriana Pineda Fernández, pretende iniciar un
proceso penal en mi contra, totalmente absurdo. Sin embargo el trasfondo del
asunto no es ese, sino inhibir mi derecho a la libertad de expresión y el derecho
a la información.
Se pretende legitimar una investigación para invadir mi
esfera íntima y así obtener información personal para manipular y utilizar, en
un fututo, para “fabricar” un delito distinto en mi contra y continuar así con
una campaña de difamación.
Por ese motivo solicito la intervención de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Propuesta Cívica (PC), Reporteros Sin
Fronteras (RSF), del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ),
Artículo XIX, la ONU DH, la Universidad Iberoamericana y todas aquellas
organizaciones defensoras de periodistas y activistas de Derechos Humanos para
que den seguimiento a mi caso.
Atentamente
Carlos
Quintero Juan
Periodista Judicial
Independiente
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