Carlos Quintero J.
El Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadísticas (IMIPE) notificó a la Fiscalía General de Morelos, el pasado
martes 14 de enero, que tiene un término de cinco días para revelar información requerida
sobre los resultados de los exámenes de ADN aplicados a 117 cadáveres exhumados
de las fosas de Tetelcingo.
Lo anterior, luego de que la Fiscalía de Morelos negó dar
respuesta a la solicitud pública presentada, el 7 de agosto de 2019, para
conocer acerca del proceso que llevo recabar las muestras biológicas; el número
de exámenes aplicados; el número de cuerpos que han logrado identificar derivado de los resultados y el costo de los estudios.
En su argumentación, para restringir la información
requerida, la Fiscalía comunicó que la misma era clasificada como reservada y
confidencial: “por disposición expresa de la ley” además es parte de una
carpeta de investigación por lo que debe de mantener la secrecía, la reserva
y la confidencialidad.
Ante esta situación, se promovió un recurso de revisión
contra la institución, misma que admitió el IMIPE, al considerar que la
Fiscalía tiene el carácter de sujeto obligado y se encuentra constreñido a
garantizar el derecho de acceso a la información, ya que se trata de
información que por su naturaleza debe de ser pública y no puede ser motivo
de clasificación.
El Instituto de Información Pública resolvió que la
información requerida es pública porque la solicitud hace referencia a
preguntas de datos estadísticos, numéricos “…en virtud de ello, no existen
motivo alguno para restringir el acceso a dicha información”. Nada que ver con
datos personales o protegidas por la ley.
“Por otro lado tenemos que Carlos Quintero Juan, de igual
manera pretende acceder a información referente a: “¿Cuál fue el costo de cada
uno de esos exámenes aplicados de ADN?; en esa tesitura debemos advertir que el
pago de estos exámenes, se debió haberse realizado con dinero del erario
público, por tanto debe ser comprobable, y no debe ser restringido…” refiere la resolución.
Los Comisionados, en sesión de Pleno celebrada el 3 de
diciembre de 2019, aprobaron una resolución definitiva que ordena a la Fiscalía
de Morelos: no clasificar como información reservada y dar respuesta inmediata
a la solicitud pública.
“Por los razonamientos expuestos en el considerando
Cuarto, se Revoca Totalmente la respuesta otorgada por la Fiscalía General del
Estado de Morelos…” en ese tenor, se fijó un plazo de 5 días hábiles, el cual
vence el próximo martes 21 de enero, para dar respuesta a la solicitud.
En caso de no cumplir
con el fallo definitivo de manera pronta y adecuada, el Pleno del Instituto
hará efectivas las medidas de apremio establecidas en el artículo 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
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