Carlos
Quintero J.
La tarde del martes 14 de
abril, el juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia, Daniel Adán
Rodríguez Apac sancionó económicamente a las autoridades de la Coordinación de
Reinserción Social de Morelos por incumplir con un mandato judicial.
En la audiencia, celebrada a
las 15:48 horas en el Juzgado de Atlacholoaya, el juzgador emplazó por segunda
vez a la autoridad penitenciaria para que en cinco días cumpla la resolución
emitida, el pasado 28 de marzo, por uno de sus homólogos.
Se recuerda que ese día, el
Juez Martín Domínguez Casarrubias decretó ilegal el traslado de un grupo de
personas privadas de libertad, a las cárceles de Jojutla y Cuautla, realizado
por la autoridad penitenciaria.
Por ese motivo, Martín Domínguez
ordenó que las personas privadas de libertad fueran regresadas nuevamente al
centro penitenciario de Atlacholoaya. Para dar cumplimiento a la resolución,
fijó un plazo de cinco días.
De lo contrario apercibió a
los servidores públicos con una multa de 300 unidades de medida y actualización,
además de iniciar un proceso penal en su contra por el delito de desacato ante
una autoridad judicial.
En respuesta, el martes 7 de
abril, la directora general de Reinserción Social, Marcía Isabel Rosales
Galindo se negó a cumplir con el mandato judicial ante “el temor fundado” de
que una persona interna se había contagiado por Coronavirus.
Pero el viernes 10 de abril,
en conferencia de prensa, el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio
Cantú Cuevas y el Coordinador de Asesores, Mauricio Robles Cortés desmintieron categóricamente
a Rosales Galindo.
“El virus no está,
actualmente, en ninguno de los centros de reinserción social del estado. Las
medidas que tenemos que adoptar es que ese virus no entre a los centros” dijo
Mauricio Robles, a pregunta expresa de este reportero.
Fue por ese motivo que la
abogada de las personas privadas de libertad, Claudia Susana Pantaleón Martínez
promovió una audiencia de auxilio judicial para evidenciar la falsedad con que
se conduce la autoridad penitenciaria.
En la audiencia, celebrada
la madrugada del pasado 11 de abril por el juez Martín Domínguez, Pantaleón
Martínez exhibió la deslealtad de la autoridad penitenciaria, que ese día no
acudió a la audiencia, a pesar de haber sido notificada.
El juez, solicitó nuevamente
un informe a la Directora General de Reinserción Social para que explicara por
qué motivo no había ejecutado el mandato judicial.
Domínguez Casarrubias
resolvió que sí Marcia Isabel Rosales había declarado falsamente ante él,
ordenaría iniciar un proceso penal por delitos cometidos por servidores públicos.
Es así que en la audiencia
de hoy, martes, quince días después del primer fallo; el juez Daniel Adán Rodríguez hizo efectivo el apercibimiento y resolvió tajante:
“No puede haber falta de
respeto al juez. La resolución de un juez es ley, y la ley se cumple”.
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