Carlos Quintero J.
Los actos de tortura en contra de personas privadas de libertad
persisten en los centros de reinserción social del estado ante la tibia
intervención de los jueces de ejecución que no garantizan el cumplimiento de la
ley e impartición de justicia.
En esta ocasión más de 20 personas privadas de libertad, internas
en la cárcel Distrital de Jojutla, fueron víctimas de tortura y tratos crueles
e inhumanos, en un hecho ocurrido la tarde del pasado martes 21 de abril.
Los familiares de las víctimas denuncian al Coordinador
General de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Borquez; al director
operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez y a Raúl Colín Martínez, por tortura
contra las personas internas.
- Sé que vienen a golpearlos desde Atlacholoaya. Viene el
Coordinador a golpearlos aquí, y la verdad, los tienen encerrados y pues yo
quiero saber por qué- dice la madre, de una de las personas recluidas, a un
grupo de reporteros.
La mujer acudió al centro penitenciario para solicitar
información sobre la situación de su hijo porque supo que había sido castigado.
- Yo lo único que quiero saber es: sí mi hijo está sólo
en una celda y sí la droga que encontraron es de él, y la otra, por qué los
están golpeando.
En este sentido reflexionó:
- Es un centro de rehabilitación no es un centro de
golpes, ni de maltratos y ni de tenerlos metidos en ningún sótano, en ningún celda
sin luz, sin agua, sin comida, creo que todos tienen derecho a una libertad
aunque estén encerrados.
Entre las víctimas de tortura se encuentra un grupo de personas
privadas de libertad, trasladadas ilegalmente a esa cárcel distrital, quienes
por tercera vez han sido golpeados.
Pero al Coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel
Ponce de León, quien es implicado en el homicidio de un interno, Adán Sánchez Bautista,
no le importa el mandato judicial y se burla de la resolución del juzgador.
- Si tengo que regresar aquí por sus mamadas que andan
haciendo, se los va a cargar la chingada- son las palabras que textualmente ha
dicho a las personas privadas de libertad.
En algunos casos, los familiares han promovido solicitudes
de auxilio judicial para que los jueces resuelvan pero algunos no contestan,
otros son indiferentes y otros más se lavan las manos y que el conflicto lo
resuelva un tribunal de alzada.
- Ya hable con la licenciada que está encargada de la
administración, aquí en el Juzgado de Atlacholoaya. Ya rastreo mi escrito, y
sólo me dicen que se encuentra pendiente el acuerdo. No quiso decir que juez lo
tiene, sólo me dijo que espere mi notificación- dice a este reportero, la
esposa de otra persona privada de libertad.
En tanto los abogados defensores afirman que son víctimas
de intimidación por parte del director operativo del penal de Atlacholoaya,
Jesús Francisco Flores, alías Paco.
- Ayer iban saliendo una camioneta de la policía Morelos,
una Ford Lobo. Ahí iba Paco y comenzó a tomar fotos, a nosotros y nuestro
auto- dice uno de los abogados.
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