Carlos Quintero J.
Juan José P. S. e Isidro R. S., dos personas privadas de la libertad, fallecieron en las últimas horas al parecer víctimas por coronavirus, aunque las autoridades no lo confirman, para las familias es esa la causa de sus muertes.
Los dos hombres de 71 y 46 años de edad, respectivamente,
habían sido trasladados de emergencia, el pasado viernes 15 de mayo, a diversos
hospitales de la capital del estado.
Juan José, procedente del centro penitenciario de Cuautla,
ingresó al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”. Mientras Isidro,
del penal de Atlacholoaya, al nosocomio privado “Henry Dunant”.
Las familias solicitaron un examen para
confirmar la causa de su padecimiento ya que ambos enfermaron luego de que las
autoridades realizaron una fumigación en sus dormitorios.
Pero durante este tiempo, la autoridad de salud no dio a
conocer el resultado de los exámenes médicos, ni aún después de muertos se
conoce de manera oficial.
El cuerpo de Juan José P. S. se entregó a su familia, ya
incinerado. Basto únicamente que uno de sus hijos identificara su cuerpo antes de ser
cremado.
En el caso de Isidro R. S., su cuerpo fue entregado en una bolsa hermética especial para ser trasladado y sepultado en su tierra natal. Murió a
mitad de su juicio que tuvo que suspenderse por la pandemia.
En la conferencia de prensa del martes 19, se hizo llegar
vía whatsapp, al Vocero, Francisco Reyes Olvera tres preguntas que nunca fueron presentadas a las autoridades de salud.
Las preguntas eran: que confirmaran si el caso de Juan
José P. S. era por coronavirus; qué estaba pasando en los centros
penitenciarios y por qué el Coordinador de Reinserción Social no ha informado
al respecto.
Las preguntas fueron ignoradas por Reyes Olvera, a pesar
de que había tiempo suficiente para plantearlas al panel además, desde el
pasado lunes se habían presentado.
Ante esa situación, no existe una fuente que informe
realmente sobre la situación que enfrentan las personas privadas de
libertad en los centros penitenciarios de Morelos.
Familiares de personas privadas de libertad hablan de un
brote en el interior de los penales, de la falta de medicamentos y de personal.
Mientras el personal operativo y administrativo habla de la falta de seguridad
para realizar su trabajo.
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