Carlos Quintero J.
Las medidas para garantizar el derecho a la salud de las personas
privadas de libertad, en los centros penitenciarios de Morelos: son nulas.
En menos de un mes, diez personas han muerto –entre
internos, agentes custodios y empleados administrativos- por sospecha de
Coronavirus de acuerdo con datos recabados.
La autoridad penitenciaria no reconoce oficialmente esta
cifra, y manipula la información a su conveniencia, pero trascienden casos que
lo cuestionan.
El último ocurrió el mediodía del viernes 12 de junio. Se
trata de la persona que en vida fue identificada con dos nombres: Eladio J. C. y/o
Jaime D. P.
Al respecto, una fuente confiable habla que el hombre, de
52 años de edad, presento “dificultad respiratoria secundaria a neumonía y
murió por paro respiratorio fulminante”.
La versión del informante sostiene que esa mañana, Eladio
y/o Jaime sería trasladado al hospital general de Cuernavaca “José G. Parres”.
“Ni siquiera lo trasladaron, lo dejaron en el área de
aduana, en la camioneta de las nuevas de traslado, como desde las 12 hasta las
5, cuando vinieron por él ya había muerto” dice.
La omisión de las autoridades penitenciarias también se
exhibe en la indiferencia para garantizar la atención a las personas internas enfermas.
Es el caso de Omar C. B. de 26 años de edad, quien desde
el pasado mes de septiembre se encuentra privado de su libertad, en el penal de
Atlacholoaya.
La familia de Omar sostiene que en dos
ocasiones, estuvo a punto de caer en coma diabético porque no recibió una
atención oportuna.
La tarde de ayer, viernes, después de que un juez ordenó
su trasladado para una atención médica digna, hoy se encuentra grave en hospital
general.
“Tiene la glucosa alta, la presión e infección en los
pulmones” escribe la tía de Omar, María por whatsapp, a este reportero.
“¿Infección en los pulmones? ¿Es por la diabetes?” le
pregunto.
“Aún no se sabe, ya le hicieron los estudios del COVID
pero aún no hay resultados hasta en 4 días” responde.
Ante este panorama es evidente la indiferencia de las autoridades
penitenciarias y del gobierno de Morelos por no garantizar el respeto a los derechos
humanos de las personas en reclusión.
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