Carlos Quintero J.
El director operativo del Centro de Reinserción Social
(Cereso) de Atlacholoaya, Francisco Flores Jiménez deberá cumplir un arresto de
10 horas y pagar una multa de cien unidades de medidas y actualización por no
acatar una resolución judicial.
Francisco Flores fue citado por la juez de Control,
Juicio Oral y Ejecución, Nancy Aguilar Tovar para que respondiera personalmente
ante los señalamientos en su contra por graves violaciones a derechos humanos
de personas privadas de libertad.
Pero en lugar de confrontar las denuncias que existen en
su contra, el servidor público evadió su responsabilidad al no acudir ante la
autoridad judicial.
En la audiencia de ejecución, celebrada a las 17:15 horas
del domingo 7 de junio del presente, la juzgadora ordenó a la Comisión Estatal
de Seguridad (CES) la búsqueda y presentación Francisco Flores Jiménez para que
cumpla su arresto.
Ante estas circunstancias el director operativo del penal
deberá ser presentado y en caso de que la CES sea omisa, la juez apercibió al
titular de la misma con una multa de 200 unidades de medidas y actualización.
De acuerdo con la información recabada, el único mérito
de Francisco Flores es haber sido escolta del Coordinador de Reinserción
Social, Jorge Israel Ponce de León.
Tras la destitución del entonces director operativo Raúl
Colín Martínez y de Miriam Mireles Toledo, responsables del motín ocurrido el
pasado mes octubre, donde seis personas fueron asesinadas; Francisco Flores fue
nombrado nuevo director.
Fuentes confiables señalan a Flores Jiménez como el
servidor público que recibe los sobornos y pagos por “derechos” de la venta de
droga, prostitución, “brincos”, renta de celulares, aparatos electrodomésticos,
protección entre otros.
El modus operandi de las autoridades penitenciarias es “concesionar”
este tipo de actividades ilícitas a diversos grupos antagónicos, pasado un
tiempo manipulan la situación y generan conflictos entre ellos mismos.
Aunado a lo anterior, por órdenes de Francisco Flores, algunas personas privadas de libertad que les resultan incomodas son confinadas a un área de castigo, de aproximadamente
seis por seis metros, conocida como “aduanas”.
Actualmente se encuentra recluidas más de 40 personas y
no cuenta con baño, ni ventanas, ni las condiciones mínimas para albergar a
tantas personas por lo que ellos tienen que dormir sentados o de pie.
Es por ese motivo que el director de operativo del penal no se presentó, la tarde del domingo, ante la juez.
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